Artículo de Martín Fernández-Prado. Dr. Arquitecto. Profesor Urbanismo ETS Arquitectura de A Coruña
El pasado día 19 de marzo entró en vigor en Galicia una nueva Ley del Suelo que viene a sustituir a la que estaba vigente desde 2002. Una norma que había tenido 10 modificaciones en sus trece años de vida, por lo que ya poco se parecía a su primera redacción.
Una vez más, una ley que nacía originalmente con consenso, acabó aprobándose con los únicos votos del partido que sustenta al gobierno, el cortoplacismo político vuelve a frustrar el apoyo a una ley que estoy seguro si se valorase técnicamente y no en función de la coyuntura política, no tendría tanta oposición, e incluso habría posibilidad de acuerdo si se dejase negociar a los miembros de los partidos del mundo municipal.
Aun así, introduce cambios encaminados a conseguir sus objetivos principales: seguridad jurídica a todos los actores, agilidad, claridad y simplificación administrativa en su aplicación, mayor transparencia para una actividad muy hermética y difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos; pero especialmente, y como gran novedad, se tiene que destacar que introduce en sus principios básicos la corresponsabilidad de los distintos actores; administración local y autonómica, profesionales y sobre todo ciudadanos que están llamados a tener un papel mucho más participativo y corresponsable en una actividad clave para su calidad de vida.
Esta ley le da una especial relevancia a intentar facilitar y agilizar la aprobación del planeamiento general de los ayuntamientos, para ello propone la posibilidad de realización de un plan básico municipal, tramitado y aprobado por el gobierno autonómico para dar respuesta a los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes que no tienen planeamiento, pero donde de verdad se hace un avance interesante recogiendo la propuesta que hicimos algunos en la Comisión Parlamentaria para su redacción, es con la concentración a través de la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de todos los informes sectoriales autonómicos que tendrán silencio positivo si no se evacuan en el plazo de tres meses. También agilizará y simplificará mucho la tramitación de planeamiento general la integración de la tramitación ambiental con la urbanística, eliminando igualmente la tramitación ambiental en las modificaciones puntuales y los planes básicos. Este proceso integrado le dará mayor coherencia al planeamiento y facilitará su tramitación hoy enormemente engorrosa y que hace normal el que muchos planes tarden más de diez años en tramitarse.
La ley facilitará el que los ayuntamientos gallegos puedan realizar su planeamiento general con mayor facilidad y agilidad, aunque lo verdaderamente importante para mejorar la ordenación urbanística de nuestro territorio será que estos documentos sean de calidad mejor a la que se ha conseguido con los documentos hechos hasta la fecha, baste recordar que muchas de las “desfeitas” urbanísticas hechas en las últimas décadas en Galicia se han hecho amparadas en planeamientos generales.
Una vez más, y como siempre, aunque se agradece el esfuerzo del gobierno autonómico en legislar con esta buena intención, lo realmente trascendente será el que se haga hincapié en la educación de nuestros ciudadanos, la única forma real de que se mejore nuestro territorio será el que esto sea verdaderamente solicitado por los ciudadanos, y para ello, es necesario tener una mayor cultura urbanística para poder exigir y demandar dicha calidad. Los ayuntamientos tienen un importante papel en esta tarea, y nuestro territorio es demasiado importante para que no lo intentemos.