Artículo de opinión de Fernando González Laxe, Catedrático de Economía Aplicada (Universidade da Coruña) y Expresidente de la Xunta de Galicia
Cuando se efectúan análisis en torno a la atractividad de los territorios, ya sean ciudades, regiones o países, los factores a tener en cuenta hacen mención al tamaño, a las condiciones de accesibilidad, al análisis demográfico y a los sentimientos y aptitudes de poder crear y generar oportunidades de futuro. Recientemente, la OCDE acaba de publicar un interesante informe en el que reseña los cuatro factores necesarios que deben estar incluidos en lo que denominan una guía de actuaciones. Se refieren a las conexiones de negocios, constituidas por los intercambios internacionales de bienes, servicios y capitales; las conexiones humanas, integradas por los flujos internacionales de personas, normalmente visitantes y migrantes; las conexiones de conocimiento, aquellas relacionadas con las actividades de innovación, investigación y desarrollo, tanto públicas como privadas; y, finalmente, las conexiones de infraestructura, que permiten visibilizar las redes físicas y numéricas que un territorio pone a disposición de los actores y agentes nacionales e internacionales, condicionando la intensidad de los distintos flujos entre el territorio objeto de análisis y sus partners internacionales.
Si escudriñamos la realidad gallega sobresalen ciertos rasgos diferenciales. Nos caracterizamos por disponer de una población muy dispersa y atomizada. Un total de 119 concellos de los 313 existentes (esto es el 38%) posee menos de 2.000 habitantes, agrupando tan solo al 5,4% de la población gallega. Dicha dispersión poblacional hace que, por ejemplo, en la provincia de Ourense el 75% de sus municipios posea menos de 2.000 habitantes. La existencia de dicha gran pléyade de municipios de escaso tamaño poblacional va asociado a una escasez de concellos con poblaciones mayores de 50.000 habitantes; al punto que solo se contabilizan siete y, de ellos, solo tres superan los 100.000 habitantes (Vigo, A Coruña y Ourense). Asimismo, otro de los rasgos es la nítida concentración de la población tanto territorial (la población de las provincias de A Coruña y Pontevedra aglutinan al 76% de la población total) como espacialmente, localizada preferentemente en la franja occidental frente a la zona del interior (72% por 28%, respectivamente).
Por completar el análisis, la población gallega está muy envejecida. La media asciende a 47,8 años, cuatro más que los promedios españoles; destacando, por su longevidad, los habitantes de las provincias de Ourense y Lugo, con medias poblacionales de 51 y 50,3 años, respectivamente, muy por encima de las otras dos provincias. Así las cosas, el 25,8% de la población posee más de 65 años, por solo el 11,5% por debajo de los 14 años. Esa estructura por edades, tan singular y específica, se acrecienta en la Galicia del interior, donde la población vive más años y los índices de dependencia senil son más elevados. La conclusión más palmaria es que en los concellos más pequeños, los menores de 1.000 habitantes, el 44% de la población supera los 65 años, por tan solo el 22,8% que contabilizan los concellos superiores a 10.000 habitantes.
Ante estas circunstancias proceder a la puesta en práctica de un plan de atractividad y seducción territorial que permita incrementar el grado de productividad y competitividad exige, de una parte, un diseño de vertebración territorial de Galicia; y, de otra parte, unas actuaciones en referencia a los tamaños y funciones municipales. Las primeras, corresponden a las instancias autonómicas donde, por el momento, seguimos a la espera de una necesaria actualización de las condiciones básicas tanto internas como de inserción en los espacios peninsulares y europeos. Y las segundas, le corresponden a los municipios y a sus relaciones con los entornos próximos, a los que también esperamos alguna actuación en pro de acrecentar su atractividad y en generar valor a su propio territorio y entorno.
No cabe duda que los municipios deben establecer actuaciones que vayan en consonancia con las opciones de consorcios, empresas mixtas, áreas metropolitanas y definición de nuevos espacios funcionales, según y atendiendo a los distintos servicios y exigencias de la población y empresas. De no actuar en esta línea, las estructuras poblacionales, y las de los servicios, acabarían colapsadas, por un lado; y obsoletas e ineficientes, por el otro.
Los riesgos de una exclusión y marginación aumentan para una parte significativa de la población en la medida que se constata una amplia dinámica divergente dentro de cada territorio. Es decir, las brechas económicas, sociales, técnicas y digitales son cada vez mayores a nivel interno. Y, como consecuencia de ello, querer afrontar una mayor competitividad y atractividad territorial con unidades pequeñas se antoja imposible. Se requiere actuar.
Asimismo, los últimos datos revelan incrementos de la divergencia entre las regiones europeas más y menos dinámicas; y, sobre todo, que las más atrasadas caen en lo que se denomina la trampa del desarrollo. Es decir, frenazo a la convergencia y necesidad de un cambio disruptivo.