Artículo de opinión de José Antonio Varela Agrelo, presidente de la Audiencia Provicial de Lugo, sobre la Nueva Ley de Contratos del Sector Público
No parece ofrecer ya mucha duda que nos encontramos en los inicios de la Cuarta Revolución Industrial. Así se ha bautizado ya la transformación de nuestra forma de vida de la mano de los avances en inteligencia artificial en todos los órdenes de nuestra vida.
Siendo ello así, también deberemos acostumbrarnos a una nueva forma de legislar y de relacionarnos jurídicamente. Me refiero a la bautizada como “Smart Regulation“(legislación inteligente) con todas las implicaciones que ello comporta en las nuevas formas de contratación.
Nuestro país, que forma parte de la zona mundial de mayor tradición jurídica,- la Unión Europea-también va incorporado esos avances conceptuales en todos los ámbitos de la ordenación normativa.
Europa organiza su actividad a través de Planes y Estrategias que nos marcan hacia dónde quiere ir y los 28 Estados Miembros debemos acatar, como no podía ser de otra forma, las directrices de tal programación.
La Estrategia Europa 2020 es la agenda de crecimiento y empleo de la UE en esta década y nos señala una senda de de crecimiento inteligente sostenible e integrador como manera de superar las diferencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible.
Uno de los ámbitos en los que debe desplegar su eficacia es en el ámbito de la contratación pública, pues este sector constituye no solo un factor clave para conseguir sus objetivos sino también trata de garantizar una mayor racionalidad económica de los fondos públicos y eliminar la corrupción.
En este contexto la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, transpone dos directivas europeas, y cumple al menos desde el punto de vista teleológico los objetivos que nos vienen marcados.
Europa aspira a un mercado interior justo, lo cual no solo consiste en eliminar las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, sino también en procurar la libre y sana competencia y la transparencia en las decisiones de los gestores del dinero público.
Entre otros instrumentos para tal objetivo se encuentra la nueva legislación sobre los contratos menores que constituyen un importante ámbito de la contratación que ha venido generando una intensa conflictividad. A nuestro tejido empresarial, con un alto porcentaje de Pymes, que son las que mayoritariamente pueden por esta vía acceder a contratar con las Administraciones Publicas, la calidad de la Ley, no les resulta indiferente.
También la Nueva Ley de Contratos del Sector Público aspira a ser una legislación inteligente que permita flexibilidad para adaptarse a las necesidades reales de nuestra economía.
Las dudas interpretativas que puedan surgir se irán diluyendo a través de la práctica y en su caso la interpretación de nuestros tribunales, pero no podemos dejar de saludar con alegría una legislación que busca la eficiencia del mercado, la eliminación de los focos de corrupción y por tanto una sociedad mejor y más justa.