Artículo de opinión de José Luis Méndez Romeu
Portugal siempre ha estado en el corazón de los españoles. Actualmente al afecto se suma la admiración hacia sus instituciones y hacia una política civilizada y constructiva. La respuesta ante la pandemia ha mostrado que Gobierno y oposición mantienen posiciones distintas pero pueden acordar medidas excepcionales. El prestigio creciente del sistema educativo y universitario, la recuperación tras la gran crisis de 2008, especialmente visible en la reducción del déficit, del paro y de la desigualdad, la importante presencia en organismos internacionales o el respeto hacia el Jefe del Estado, son algunos de los ejemplos portugueses que quienes seguimos las políticas públicas observamos con el mayor interés. Y también con melancolía, al comparar la situación política de España con Portugal.
En su célebre obra Daron Acemoglu y James Robinson estudiaron las razones del fracaso de unos países frente al éxito de otros, concluyendo que las instituciones robustas son la principal explicación. Instituciones como la justicia independiente, la Administración profesional, la seguridad jurídica y otras, explicarían mejor que la abundancia o carencia de recursos naturales, o las condiciones geográficas, el desarrollo de las naciones. En Portugal es sencillamente inconcebible que el Presidente de la Região Autónoma dos Açores, se enfrentase al Gobierno nacional proponiendo la independencia o alentando disturbios en las calles, como ha ocurrido en Cataluña. Como es inconcebible que una Secretaria de Estado publique en las redes sociales comentarios contra una Ministra de su Gobierno. O que el propio Vicepresidente del país ataque continuamente en público, por escrito y en el Parlamento, al Jefe del Estado. Son algunos ejemplos de lo que ocurre en España. A lo que se une la descalificación frecuente de jueces, una Administración cuyos niveles directivos dependen de nombramientos políticos discrecionales o un sistema educativo sobre el que llueven las leyes pero jamás se produce un acuerdo para que sean estables.
No hablamos de un país en decadencia, sino de un país lastrado por problemas institucionales. El surgimiento de nuevos partidos políticos, cada vez más escorados hacia los extremos, repite un patrón similar al de otros países europeos. Mayor polarización, menor capacidad para abordar reformas estructurales, incluso una división en bloques preocupante. Por otra parte, las tensiones territoriales han agudizado la debilidad institucional. Es curioso que las tres guerras civiles del siglo XIX hayan enfrentado, con otros nombres, a los mismos bloques. De un lado liberales, del otro proteccionistas. Han cambiado las etiquetas pero el conflicto sigue siendo entre la voluntad de unos de reducir su aportación fiscal al conjunto, se entiende en beneficio de las regiones menos desarrolladas y la debilidad del Estado central.
Estamos en el siglo XXI, donde los Estados no se rompen por mucho que algunos vociferen, ni los conflictos se resuelven con violencia. Pero vivimos un tiempo veloz de forma que mientras unos países apagan incendios institucionales de continuo, otros dedican toda su energía a crecer y progresar.