Artículo de opinión de José Luis Méndez Romeu
Cuatro décadas de Estado autonómico y algunos conflictos competenciales han terminado dibujando un marco de acción exterior complementario entre el Estado y las comunidades autónomas. También, en otro plano, municipios, universidades, entidades culturales o empresariales, desarrollan numerosas iniciativas acordes con sus propios objetivos. El sistema funciona razonablemente bien.
La Xunta de Galicia tras elaborar una estrategia de Acción Exterior farragosa y carente de objetivos definidos a pesar de su prolijidad, ha llevado al Parlamento una ley que dada su mayoría absoluta será aprobada pronto sin apenas modificaciones. Un dato numérico es suficiente para cuestionarla: la ley estatal, donde radican todas las competencias principales, tiene 60 artículos de los que un tercio tratan del servicio exterior. La Ley gallega, careciendo de competencias y de funcionarios en el exterior, tiene 108 artículos. Obviamente muchos de ellos carecen de contenido.
Una lectura atenta del texto legislativo permite comprender el carácter burocrático de la misma, su alejamiento de la política real en el exterior así como la voluntad decidida de implantar todo tipo de controles administrativos que cortocircuiten o bloqueen cualquier iniciativa de otras entidades, como municipios, empresas o entes no oficiales. Es un texto condenado a ser ineficaz pues no tiene objetivos definidos. Es más, avancemos que será una ley incumplida pues carece de competencias legales para controlar la iniciativa de terceros.
El carácter burocrático y administrativo de la norma queda patente en los muchos artículos de carácter reglamentario, impropios de una norma general: designación de representantes, registro de iniciativas, comunicaciones, funcionamiento interno de la administración, etc. Por otra parte se reiteran contenidos sin fuerza de ley previstos en otras normas, como los relativos a la Eurorregión, la Agrupación de Cooperación Transfronteriza, las eurociudades o la lusofonía. En algunos artículos el texto es un sinsentido, así cuando se intenta regular la captación de capital exterior, demostrando no sólo desconocimiento de la complejidad sino incluso de los actores realmente intervinientes en el comercio exterior.
La ley no mejorará la mínima actividad exterior del gobierno gallego. Pero donde es preocupante su voluntad intervencionista es en la regulación de la actividad de entidades de todo tipo que no forman parte de la administración autonómica. Al no tener competencias transferidas, la Xunta de Galicia no puede regularlas. Además la actividad de esas entidades no genera conflicto alguno con las estructuras estatales o autonómicas. Ahí es donde el ejecutivo gallego muestra una visión anticuada de la acción exterior. Hoy la dimensión internacional acompaña a numerosas empresas que deben estar presentes en los mercados por todos los medios posibles: comercio, influencia en Bruselas, alianza con empresas de otros países, redes multinacionales, etc. Lo mismo acontece con las universidades, los centros de investigación o las entidades culturales y deportivas. El mundo exterior ya no es un coto reservado a una élite funcionarial. El gobierno gallego parece no saberlo.
El intento de control de las entidades locales está abocado al fracaso. Pretender que sus convenios sean sometidos al escrutinio del gobierno estatal y luego del gobierno autonómico sólo puede dar lugar al incumplimiento. Una red temática de ciudades, un partenariado para optar a fondos europeos, un acuerdo de cooperación entre municipios, no cuestionan la autoridad gubernamental sino que refuerzan la proyección de un país.
El Eixo Atlántico, la única entidad de cooperación transfronteriza local entre Galicia y el Norte de Portugal, no podría funcionar de acuerdo con esa normativa. Cualquier acuerdo se dilataría en el tiempo cuestionando los motivos que llevaron a los entes locales de ambos territorios a asociarse. Sólo cabe lamentar que el gobierno gallego no haya atendido las recomendaciones del “Informe sobre la Política de Acción Exterior de Galicia”, editado por el Eixo y donde se recogía la experiencia de muchas administraciones. Tendremos una ley pero seguiremos sin acción exterior reconocible.